SANTO DOMINGO. El Senado de la República estudia dos propuestas legislativas claves que podrían redefinir el marco legal sobre libertad de expresión y contenido digital en el país. Una de ellas, remitida por el Poder Ejecutivo, plantea modificar la Ley 61-32, vigente desde 1962, para adaptarla al ecosistema de medios digitales. La otra, presentada por el senador Rafael Duluc, busca crear una ley específica para regular y sancionar el discurso de odio.
La iniciativa de Duluc define como “discurso de odio” cualquier expresión, ya sea oral, escrita, gráfica o digital, que promueva hostilidad, discriminación o violencia por razones de raza, género, orientación sexual, religión, entre otras categorías.
El proyecto contempla penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos del sector público. Además, si la difusión ocurre en redes sociales o plataformas digitales, los jueces podrán prohibir su uso al infractor por un periodo de hasta tres años.
Las sanciones se agravarían si el hecho lo comete un funcionario público, docente, líder religioso o si ocurre en escuelas, hospitales, iglesias o cárceles. También penaliza la negación o justificación pública de genocidios y crímenes de odio reconocidos por tribunales.
El proyecto incluye mecanismos de reparación para las víctimas, como disculpas públicas, compensación económica y garantías de no repetición. Además, propone crear una unidad especializada del Ministerio Público con formación en derechos humanos y análisis digital.
Por otro lado, la propuesta del Ejecutivo para modificar la ley sobre libertad de expresión ha generado críticas y rechazo por parte de diversos sectores, que advierten riesgos a derechos fundamentales.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el proyecto como “inconstitucional e inconvencional”, señalando que más de 60 de sus artículos vulneran garantías como el secreto profesional, la reserva de fuentes, la no censura previa y el derecho a la tutela judicial efectiva.
También alertan sobre los poderes sancionadores que tendría el Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom), entidad propuesta en el marco de la reforma, argumentando que excedería los límites permitidos por la Constitución.
A pesar del debate, el Senado ha expresado disposición de abrir vistas públicas para recoger observaciones de la ciudadanía y expertos antes de emitir un fallo definitivo sobre ambas iniciativas.
