SANTO DOMINGO. La industria nacional y el sector empresarial han encendido las alertas ante la política migratoria del Gobierno dominicano, que contempla la deportación semanal de 10,000 inmigrantes indocumentados, afectando directamente la disponibilidad de mano de obra haitiana en áreas clave de la economía como la construcción y la agroindustria.
El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, advirtió que se han comenzado a sentir los efectos en la producción por la falta de trabajadores, señalando que lo más apropiado sería impulsar un proceso de regularización laboral, al estilo de los modelos aplicados en México y Estados Unidos.
Desde el gremio de la construcción, la presidenta de Acoprovi, Annerys Mélendez, cuestionó la ejecución de las deportaciones calificándola de “desplanificada”, y pidió al gobierno habilitar permisos para al menos 87,000 trabajadores haitianos. Recordó que el sector genera unos 435,000 empleos, cumpliendo con el requisito de mantener un mínimo de 80% de empleados dominicanos como estipula la ley.
En contraste, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, fue enfático al señalar que la postura gubernamental es inflexible, centrada en “reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley”, dejando fuera cualquier plan de regularización.
Hasta la fecha, según datos oficiales, más de 1.1 millones de haitianos han sido retornados a su país desde el inicio de la política migratoria intensiva en octubre del año pasado.
La situación ha motivado un “encuentro de alto nivel” con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes han manifestado disposición a dialogar sobre la crisis migratoria, aunque aún no se ha definido el espacio ni la respuesta institucional del Ejecutivo.
