Santo Domingo, R.D. – La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha enviado a la Cámara de Diputados un informe con recomendaciones para modificar el proyecto de ley que reforma la Ley núm. 225-20, sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Estas sugerencias buscan garantizar la libre competencia y el derecho a la libertad de empresa dentro del sector.
Entre sus principales observaciones, Pro-Competencia señala la necesidad de eliminar la estructura monopolística regional que impone la normativa. En este sentido, recomienda modificar el artículo 130, párrafo II, que limita la operación a un único relleno sanitario por región, así como las restricciones relacionadas en el artículo 133.
La presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia, María Elena Vásquez Taveras, explicó que al establecerse un solo relleno sanitario por región, los municipios no tendrían puntos de referencia para evaluar la calidad del servicio, dificultando la identificación de ineficiencias. Asimismo, alertó que la dependencia de un único proveedor aumentaría la vulnerabilidad del sistema ante posibles interrupciones operativas y afectaría la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales.
“La obligación de los municipios de utilizar exclusivamente el relleno regional genera una relación de dependencia forzosa sin alternativas legalmente disponibles”, advirtió Vásquez Taveras.
Otro aspecto destacado en el informe es la eliminación de la condición que obliga a las plantas de valorización a instalar un relleno sanitario para obtener autorización, según el artículo 116, párrafo I. La institución considera que esta exigencia es una barrera de entrada injustificada que obstaculiza la especialización eficiente.
Además, Pro-Competencia propone eliminar la restricción que impide a las plantas de valorización existentes manejar residuos en regiones donde ya hay un relleno sanitario (artículo 116, párrafo II). Según el organismo, esta medida afecta retroactivamente a operadores establecidos y compromete inversiones realizadas.
Entre otras modificaciones recomendadas, el informe también sugiere:
- Reducir la duración de los contratos de operación, pasando de 10 años a un período más razonable de 3 a 5 años.
- Eliminar la discriminación contra las plantas de reciclaje de plásticos en el sistema de pagos del fideicomiso (artículo 140, párrafo III).
- Realizar un estudio de impacto económico antes de implementar los aumentos de contribuciones propuestos en el artículo 36.
- Considerar una implementación gradual de las nuevas condiciones contributivas para facilitar la adaptación del mercado.
Pro-Competencia mantiene su interés en la defensa de la competencia y la prevención de distorsiones en el mercado, recordando que su facultad para emitir informes y recomendaciones está sustentada en los artículos 14 y 31 de la Ley núm. 42-08.
Con estas propuestas, la institución busca garantizar un marco regulatorio más sólido y eficiente, que fomente la competencia, promueva la innovación y asegure un mejor manejo de los residuos sólidos en el país.
