Seúl, Corea del Sur. En un hecho sin precedentes, las autoridades surcoreanas detuvieron este miércoles al destituido presidente Yoon Suk-yeol, quien enfrentaba una orden de arresto por un presunto delito de insurrección tras su controvertida declaración de la ley marcial en diciembre pasado. La detención ocurrió a las 10:33 hora local (1:33 GMT), según confirmó la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO).
El arresto de Yoon fue el desenlace de una operación que comenzó de madrugada, cuando las autoridades se desplazaron a su residencia en Yongsan, en el centro de Seúl. Durante horas, el equipo de seguridad presidencial y simpatizantes de Yoon bloquearon el acceso al recinto con una cadena humana y vehículos estratégicamente colocados.
Finalmente, los investigadores lograron ingresar usando escaleras y entablaron negociaciones con representantes del exmandatario. En un mensaje grabado desde su residencia, Yoon afirmó que había decidido comparecer voluntariamente ante las autoridades para evitar un “derramamiento de sangre” y minimizar los enfrentamientos entre su equipo de seguridad y los oficiales.
La operación movilizó a más de 3,000 agentes policiales, quienes acordonaron la zona y emitieron advertencias por megafonía contra quienes intentaran obstruir el arresto. Alrededor de 6,500 simpatizantes de Yoon y una treintena de parlamentarios del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) se congregaron en las inmediaciones de la residencia presidencial, protestando contra la medida y acusando a las autoridades de llevar a cabo una “investigación ilegal”.
El arresto de Yoon marca la primera vez en la historia de Corea del Sur que un presidente en funciones es detenido. La CIO, en colaboración con la policía y el Ministerio de Defensa, lo investiga por un presunto delito de insurrección relacionado con su fallida declaración de la ley marcial y sus intentos de mantener el poder tras ser destituido por la Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre.
La detención de Yoon simboliza un momento crucial para la democracia surcoreana, subrayando el compromiso del país con la transparencia y el estado de derecho, aunque también ha desatado divisiones profundas entre sus seguidores y críticos.
El caso continúa generando atención internacional, mientras Corea del Sur enfrenta el desafío de reconciliar las tensiones políticas internas tras este histórico episodio.
