SANTO DOMINGO.- Representantes del comercio mayorista y del sector agroindustrial manifestaron su rechazo a las modificaciones propuestas para la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, argumentando que los incrementos impositivos serían insostenibles y pondrían en riesgo la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) expresó su preocupación por el aumento en las escalas de contribución especial, que oscilarían entre 1,200 pesos y 10 millones de pesos, dependiendo de los ingresos de cada empresa. Su presidente, Alberto Leroux, calificó como “devastador” el impacto de esta medida sobre los negocios mayoristas, que operan con márgenes de ganancia mínimos, de entre 1.5 % y 2 %.
“La imposición de nuevas cargas comprometería la estabilidad de nuestras empresas y el acceso de la población a productos esenciales”, alertó Leroux, quien además denunció que la medida representaría una doble tributación, dado que los comerciantes ya pagan una tarifa mensual a los ayuntamientos por el manejo de residuos sólidos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo (Amaprosado), Andrés Cosma, criticó las modificaciones por ser “injustas y draconianas”, advirtiendo que podrían incentivar la informalidad. Cosma explicó que una mipyme con ingresos anuales de 50 millones de pesos enfrentaría un aumento en su contribución, pasando de 250,000 pesos a 350,000 pesos, lo cual calificó como desproporcionado y perjudicial.
La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa) se unió al rechazo, advirtiendo que los cambios propuestos implicarían aumentos de hasta un 3,750 % en las contribuciones impositivas, afectando la capacidad de las mipymes agroindustriales para mantener empleos, competir en el mercado y contribuir al crecimiento económico.
“Es esencial equilibrar las necesidades ambientales con las realidades económicas de los sectores productivos para garantizar el desarrollo sostenible del país”, señaló Animpa, abogando por la aplicación eficiente de la ley vigente en lugar de incrementar las cargas fiscales.
Este amplio rechazo del sector empresarial pone de manifiesto la urgencia de reconsiderar las modificaciones propuestas, priorizando políticas que no comprometan la sostenibilidad de las mipymes ni la competitividad de los sectores productivos.
