Santo Domingo. A partir de este miércoles, 15 de enero, los valores del país implementarán un tarifario único, con excepción de los ubicados en la autopista del Nordeste, que mantendrán un esquema distinto. Este “ajuste” o “nivelación”, según explicó RD-Vial, supone un incremento significativo en los pesos tradicionales de Duarte, Las Américas, Sánchez, 6 de Noviembre, Coral 1 y Marbella, con aumentos que oscilan entre un 66,67 % y 100 % .
Las nuevas tarifas establecidas que los vehículos de categoría 1 pasarán de RD$ 60 a RD$ 100 , mientras que las categorías 2, 3, 4 y 5 experimentarán incrementos proporcionales, alcanzando hasta RD$ 600 en la última categoría. En el caso del peaje de El Catey , el más costoso del país, los vehículos de siete ejes o más pagarán ahora RD$ 1,900 , un incremento de RD$ 300.
El anuncio del aumento ha generado preocupación en el sector transporte, que advierte sobre un impacto inflacionario en los precios de bienes y servicios. El presidente de Conatra, Antonio Marte, señaló que este ajuste obligará a evaluar un posible aumento en el precio del pasaje, especialmente en rutas cortas como las de Piedra Blanca, Bonao, Cotuí, Maimón y Villa Altagracia.
Por su parte, Mario Díaz, secretario general de Fenattransc, recordó que la última revisión de tarifas de paquetes ocurrió en 2016, y aunque consideró necesario el ajuste, destacó que este podría encarecer los costos operativos del transporte. William Pérez Figuereo, de la CNTU, propuso alternativas como un plan de deschatarrización en lugar de afectar al sector transporte con aumentos.
El partido opositor Fuerza del Pueblo instó al gobierno a reconsiderar la disposición, argumentando que podría tratarse de una estrategia para modificar la medida tras la presión ciudadana y proyectar una imagen de cercanía con la población.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y los líderes choferiles han sido llamados a discutir este tema, buscando soluciones que mitiguen el impacto económico en los ciudadanos y en el sector transporte.
Esta decisión plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de garantizar el mantenimiento vial y los efectos que estas medidas podrían tener en el bolsillo de los dominicanos.
