Evacuación de emergencia de Jorge Glas genera controversia en Ecuador

Evacuación de emergencia de Jorge Glas genera controversia en Ecuador

Guayaquil, Ecuador – Las autoridades penitenciarias de Ecuador informaron este domingo la evacuación temporal del exvicepresidente Jorge Glas de la cárcel de Guayas, en medio de incidentes provocados por reos que amenazaron su “bienestar e integridad”. El traslado de emergencia fue parte de un protocolo de seguridad activado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) para neutralizar la situación.

Horas más tarde, tras una evaluación de seguridad, Glas fue retornado al centro penitenciario, según informó el SNAI mediante un comunicado oficial. Sin embargo, este episodio ha reavivado las denuncias sobre las condiciones de reclusión del exfuncionario, quien enfrenta dos sentencias pendientes tras su arresto en abril de 2024.

La abogada de Glas, Sonia Gabriela Vera, denunció en la red social X un “intento de atentar contra su vida” y calificó las acciones del gobierno ecuatoriano como deliberadas. “Están jugando con su vida. Si algo le sucede, será un crimen del Estado“, afirmó, exigiendo la intervención de organismos internacionales para garantizar su seguridad.

El exvicepresidente, figura clave durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno, fue detenido en un operativo policial que lo sacó de la embajada de México, donde permanecía refugiado desde finales de 2023. A pesar de haber recibido asilo político por parte del gobierno mexicano, nunca obtuvo el salvoconducto necesario para salir de Ecuador, lo que lo llevó de vuelta a prisión.

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha respondido a las acusaciones de la defensa de Glas ni a los llamados de organismos internacionales para esclarecer las condiciones de su reclusión.

Este nuevo episodio añade tensión al caso de Glas, en un contexto en el que la seguridad en los centros penitenciarios de Ecuador sigue siendo motivo de preocupación nacional e internacional. La situación pone en el foco las políticas de protección a los derechos humanos de los detenidos y la capacidad del Estado para garantizar su integridad física.

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