Santo Domingo- Mientras el presidente Luis Abinader impulsa un ambicioso plan de austeridad que busca la eliminación o fusión de 15 entidades públicas para ahorrar al Estado 25,000 millones de pesos, el Congreso estudia la creación de 23 nuevas instituciones, lo que generaría un impacto significativo en el presupuesto estatal.
El mandatario promueve la desaparición de seis instituciones y la fusión de nueve, como parte de un esfuerzo por racionalizar el gasto público. Sin embargo, en el Poder Legislativo, senadores y diputados avanzan en proyectos que podrían aumentar los costos administrativos.
En el Senado, se estudian tres propuestas para la creación de nuevas entidades:
- El Instituto Nacional del Casabe, presentado por Antonio Marte.
- El Instituto Nacional de la Semilla, propuesto por Félix Bautista.
- El Ministerio de Protección y Asistencia Social, una iniciativa con un enfoque amplio.
Por su parte, la Cámara de Diputados concentra el grueso de las iniciativas que, lejos de fomentar la reducción estatal, buscan crear entidades que van desde nuevos ministerios hasta direcciones especializadas. Entre los proyectos en evaluación están:
- El Ministerio de la Familia.
- La Superintendencia de Bienes del Estado.
- El Ministerio de Justicia.
- La Dirección General de los Cementerios.
- El Instituto Nacional del Cacao y otros organismos ligados al sector agrícola.
Los proyectos de ley, en sus disposiciones finales, obligarían al Poder Ejecutivo a asignar recursos a estas nuevas entidades, lo que aumentaría los montos anuales de los presupuestos estatales. Esto contrasta con el plan de austeridad promovido desde el Gobierno, que busca reducir la carga administrativa del Estado.
Entre los legisladores más activos en promover la creación de instituciones, destacan:
- Elías Wessin (PQDC), con cuatro propuestas para nuevos organismos.
- Tobías Crespo (Fuerza del Pueblo), con tres proyectos.
- Ramón Raposo y Nicolás Hidalgo, con dos propuestas cada uno.
Aunque reconocen la visión de austeridad del presidente Abinader, los legisladores defienden que las nuevas instituciones permitirían una gestión pública más eficiente, al descentralizar funciones y acercar servicios a las comunidades.
El choque de agendas entre el Congreso y el Gobierno pone en evidencia una falta de alineación estratégica en la administración del Estado. Mientras Abinader aboga por reducir estructuras y optimizar recursos, el Legislativo avanza hacia un panorama de mayor expansión estatal, planteando un debate crucial sobre el futuro de la gestión pública en la República Dominicana.
