Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) distribuirá en 2025 un total de 1,500 millones de pesos entre 33 partidos políticos, ajustándose al porcentaje de votos obtenido en las elecciones de 2024. Este monto representa un incremento significativo frente a los 1,260.4 millones asignados anualmente entre 2021 y 2023, gracias a la aprobación del presupuesto gubernamental para el próximo año.
El cambio más notable será la reducción drástica en los fondos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que pierde su estatus de partido mayoritario. Su asignación pasará de 1,008 millones de pesos en 2024 a tan solo 25.7 millones de pesos en 2025. Por otro lado, los grandes beneficiados serán el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), al ser los únicos que superaron el 5 % de las votaciones. Estos partidos recibirán 400 millones de pesos cada uno, al concentrar el 80 % de los fondos disponibles.
El 20 % restante (300 millones de pesos) se distribuirá entre 30 partidos minoritarios que alcanzaron la votación mínima requerida. Según la Ley de Partidos Políticos (33-18), los partidos con más del 5 % obtienen el 80 % de los recursos, mientras que el 12 % se destina a los que logran al menos un 1 %, y el 8 % para aquellos con menos del 1 %.
En la primera categoría, el PRM, con un 48.41 % en el nivel presidencial, Fuerza del Pueblo, con un 26.67 %, y el PLD, con un 17.64 % en el nivel senatorial, recibirán los mayores montos.
En el segundo grupo, partidos como el PRD, con un 2.55 %, y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con un 1.90 %, entre otros, compartirán 180 millones de pesos, equivalentes a 25.7 millones anuales para cada uno.
El resto, que incluye partidos con menos del 1 %, dividirá 120 millones de pesos.
La JCE emitirá una resolución a principios de 2025 para oficializar los cálculos, basándose en los resultados más altos obtenidos por cada organización en los niveles presidencial, senatorial y de diputados. Este proceso marcará un nuevo capítulo en la financiación de las organizaciones políticas del país, con implicaciones profundas para su sostenibilidad y proyección futura.
