Santo Domingo. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), liderada por su presidente Eduardo Hidalgo, ha expresado su oposición contundente a dos recientes propuestas que, según el gremio, podrían afectar negativamente la educación dominicana: la instalación de un Sistema de Control de Asistencia en las escuelas y la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Pasímetros: Un gasto sin impacto en la calidad educativa
El plan de instalar pasímetros y tarjetas de acceso en las escuelas de todo el país ha generado críticas por parte de la ADP. Hidalgo calificó la medida como un gasto innecesario que no aportará mejoras reales a la calidad educativa.
“La fiebre no está en la sábana. No creo que esto vaya a resolver en nada el tema de la calidad de la educación, más que gastar un dinero en algo que no impactará la educación preuniversitaria”, aseguró Hidalgo.
El sistema, desarrollado por la empresa UNES Dominicana, comenzará a implementarse en 160 escuelas para enero de 2025 y funcionará a través de la aplicación “Unes Escolar”, que notificará a los padres si sus hijos han llegado a la escuela. Sin embargo, la ADP cuestiona su efectividad y utilidad en el contexto actual del sistema educativo dominicano.
Otra de las medidas propuestas, la fusión del Minerd y el Mescyt, también ha sido duramente criticada por la ADP, que considera que este cambio busca privatizar la educación y reducir el papel del Estado en el sector educativo.
“Se trata de un proceso privatizador que pretende achicar el papel del Estado para que manos privadas ocupen esas funciones”, afirmó Hidalgo, quien también advirtió sobre el peligro de desviar los fondos destinados a la educación preuniversitaria y superior.
Para el próximo 16 de enero, la ADP ha convocado un encuentro nacional en el que se abordará el tema de la fusión ministerial y se evaluarán acciones de protesta. Según Hidalgo, de no revertirse esta medida, los sectores sociales se verán obligados a salir a las calles para defender el derecho a la educación.
“Invitamos a la sociedad dominicana a unirse en defensa de la educación pública. Si el Congreso aprueba esta propuesta, el mayor perjudicado será el pueblo dominicano”, subrayó Hidalgo.
Con estas iniciativas en discusión, el futuro del sistema educativo dominicano se encuentra en el centro de un intenso debate. Mientras el gobierno defiende las reformas como parte de una modernización del sector, la ADP y otros gremios alertan sobre los riesgos que podrían comprometer el acceso y la calidad de la educación pública en el país.
