Santo Domingo – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, se pronunció oficialmente sobre la sentencia TC/0767/24 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la Ley núm. 1-24, normativa que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), debido a un vicio procedimental en su aprobación legislativa.
“El Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en un error procedimental durante el trámite legislativo, sin cuestionar el contenido de la ley ni identificar violaciones a derechos fundamentales”, explicó Peralta. Según la sentencia, la Ley fue aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras legislativas (125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado), pero no se cumplió con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento como ley orgánica, conforme establece la Constitución.
El consultor jurídico destacó que el fallo del Tribunal se basó en un aspecto exclusivamente formal. “La nulidad responde a que no se respetaron las reglas de convocatoria específicas para tratar una ley orgánica, aunque se lograron las mayorías necesarias. Esto pone de relieve la importancia de cumplir con los procedimientos legislativos con rigor”, puntualizó.
Además, la sentencia confirmó que la Ley núm. 1-24, al estar relacionada con la seguridad y defensa nacional, tiene naturaleza orgánica, aunque no regula directamente derechos fundamentales, como alegaban algunos accionantes.
El Poder Ejecutivo expresó su respeto y acogida al criterio del Tribunal Constitucional y resaltó su compromiso con el cumplimiento estricto del marco constitucional y legislativo. “Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar que se sigan los procedimientos legislativos en todos sus detalles, lo que fortalece nuestra institucionalidad”, declaró Peralta.
Asimismo, aseguró que las irregularidades señaladas en el fallo pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento de los procedimientos correspondientes en el Congreso Nacional. En ese sentido, recordó que el Poder Legislativo ya analiza una propuesta de reforma de la Ley núm. 1-24, resultado de un consenso entre el Gobierno y diversos actores de la sociedad civil.
El consultor jurídico reiteró el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los intereses de la ciudadanía en materia de seguridad nacional. “Seguiremos impulsando iniciativas que se ajusten plenamente al marco jurídico establecido, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la institucionalidad”, concluyó Peralta.
