Santo Domingo. El presidente de la República, Luis Abinader, sometió al Congreso Nacional dos proyectos de ley que buscan fortalecer el marco jurídico penal de la República Dominicana, avanzando en la lucha contra el crimen organizado y garantizando los derechos de las víctimas, testigos y personas en riesgo.
El primer proyecto, titulado “Ley sobre Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales”, busca establecer reglas claras para la detección, judicialización y sanción de actividades relacionadas con la criminalidad organizada, incluyendo delitos como lavado de activos, tráfico de drogas, terrorismo, trata de personas y delitos de alta tecnología. Según el mensaje remitido, esta ley responde a desafíos regionales y busca garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho, alineándose con los estándares internacionales.
La segunda iniciativa, denominada “Ley de Atención, Representación Legal y Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo”, aborda la falta de un marco jurídico integral para atender y proteger a quienes son vulnerables tras ser afectados por un delito. Esta legislación tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia y otorgar asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos, asegurando una equidad de garantías en los procesos judiciales.
Ambas propuestas, de ser aprobadas, representarían un avance significativo en la modernización del sistema judicial dominicano, cumpliendo con deudas históricas en términos de protección a las víctimas y eficiencia en la persecución penal. Además, reforzarían el compromiso del Gobierno con las reformas legales pendientes desde la Constitución de 2010 y las actualizaciones introducidas en 2024.
La Presidencia destacó que estas iniciativas forman parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo, en colaboración con el Ministerio Público, para combatir la criminalidad. Se recordó que en 2023 el presidente Abinader también presentó al Congreso otros proyectos relacionados con la violación de propiedad inmobiliaria y el secuestro, actualmente en discusión en el Senado.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, la justicia equitativa y la consolidación del Estado de Derecho.
