Santo Domingo, RD – En una decisión que promete generar debate, el ministro de Hacienda, José Manuel “Jochi” Vicente, confirmó este martes ante una comisión bicameral que el proyecto del Presupuesto General del Estado 2025 sufrió significativos recortes en el Ministerio de Obras Públicas y los sistemas de transporte para financiar el prometido aumento salarial del 25 % a los médicos.
El ajuste presupuestario reduce más de tres mil millones de pesos a la partida destinada al Ministerio de Obras Públicas, que inicialmente contaba con 67,780,439,242 pesos y pasará a operar con 64,208,597,908 pesos. Este recorte afectará programas esenciales como el desarrollo de calles y avenidas, la seguridad vial, la construcción de puentes, y la reconstrucción de obras hidráulicas.
Mientras tanto, los fondos reasignados incrementarán el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, que recibirá más de mil millones de pesos adicionales, destinados principalmente al aumento salarial de los médicos y otros proyectos sanitarios. Con esta modificación, la asignación total de Salud Pública ascenderá a 150,968,273,193 pesos.
En paralelo, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones también verá un aumento de 191,542,375 pesos para proyectos de construcción y mantenimiento de viviendas en las zonas más vulnerables del país.
Sin embargo, otras áreas controvertidas permanecen intactas. Pese a las declaraciones del ministro Vicente sobre ajustes en publicidad y estrategia gubernamental, la partida destinada a esta área no refleja cambios en el documento oficial revisado.
“Esta medida busca priorizar el bienestar de los médicos y reforzar el sistema de salud, pero sabemos que habrá un impacto en otros sectores. Es un equilibrio delicado”, expresó Vicente tras la reunión con los congresistas.
El ajuste presupuestario ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores aplauden la prioridad al sector salud, otros critican la reducción de inversiones en infraestructura, argumentando que el deterioro de las obras públicas afectará la calidad de vida de los ciudadanos.
La propuesta modificada sigue bajo revisión en la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate sobre las implicaciones de estos cambios.
