Santo Domingo. El Poder Judicial afirmó que su recién implementada Política de Protección de Datos no limita el libre ejercicio periodístico ni el acceso público a los procesos judiciales, salvo en las excepciones estipuladas por la ley.
Esta aclaración surge tras las inquietudes expresadas por Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), quien planteó que la normativa podría colisionar con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
En una comunicación firmada por el magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, se destacó que esta política es una medida de autorregulación diseñada conforme a la Constitución (artículo 44, numeral 2), la Ley 2-23 de Casación, la Ley 172-13 de Protección Integral de los Datos Personales y otros marcos jurídicos nacionales e internacionales.
“La política se centra en proteger datos personales sensibles, como información de salud, casos relacionados con niños, víctimas de violencia de género y personas en situaciones vulnerables. Además, aplica el principio de minimización de datos y promueve la anonimización para garantizar que las personas no sean expuestas innecesariamente, manteniendo la transparencia y la comprensibilidad de las decisiones judiciales”, señala la misiva.
El magistrado Molina invitó a la Sociedad Dominicana de Diarios a un diálogo abierto, buscando fortalecer la protección de derechos fundamentales y la relación con los medios de comunicación. “Confiamos en que esta iniciativa ayudará a construir una justicia más moderna, transparente y cercana a la ciudadanía”, expresó.
Presentada el pasado 14 de noviembre, la Política de Protección de Datos busca proteger información personal en el ámbito judicial, asegurando que los datos irrelevantes para las decisiones jurisdiccionales sean excluidos. Este marco aplica a todos los órganos jurisdiccionales del país y tiene como objetivo central la protección y anonimización de los datos sensibles en los procesos judiciales.
La iniciativa reafirma el compromiso del Poder Judicial con la modernización y el equilibrio entre transparencia pública y derechos fundamentales.
