SANTO DOMINGO – En un esfuerzo por fomentar la apertura y la participación ciudadana, la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se reunió con representantes de más de 50 Juntas de Vecinos del Gran Santo Domingo. Durante el encuentro, los líderes comunitarios presentaron múltiples denuncias sobre infracciones legales, incluyendo la obstrucción de la vía pública, la contaminación sónica y la realización de fiestas clandestinas.
El grupo de dirigentes expresó su apoyo a las jornadas de intervención “Operación Garantía de Paz”, iniciativa liderada por el Ministerio con el fin de mantener la seguridad ciudadana y promover una cultura de paz. La reunión, que tuvo lugar en el Salón de Eventos del MIP, contó con la participación de varios representantes de comunidades y organizaciones locales, quienes plantearon sus preocupaciones.
Entre las principales inquietudes mencionadas, se encontraron la falta de permisos para el uso de suelos, el ruido excesivo en centros de expendio de bebidas alcohólicas, y la presencia de actividades clandestinas en zonas cercanas a planteles escolares.
Rosmery Bonifacio, de “Vecinos Contra el Ruido”, agradeció a Raful por su disposición a escuchar las inquietudes comunitarias, destacando el compromiso de trabajar juntos para resolver los problemas. También anunció un foro sobre ruido que se llevará a cabo en noviembre.
Pablo Báez, nuevo presidente de la junta de vecinos Leoncio Ruiz, expresó su agradecimiento por el encuentro y solicitó seguimiento a las preocupaciones planteadas, especialmente en lo relacionado con la contaminación acústica.
Raquel Casares, presidenta de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial, subrayó la importancia de cuidar y valorar la zona en crecimiento, afirmando que “nos pertenece a todos”.
La ministra Raful instó a los asistentes a formar mesas de trabajo mensuales para dar seguimiento a las inquietudes y encontrar soluciones conjuntas. “El equipo no solo lo forma el ministerio, sino la gente que está en la calle”, aseguró.
El encuentro también fue respaldado por el viceministro de Convivencia Ciudadana, Antonio Palma Larancuent, y el director jurídico, Juan Antonio Ferrand.
