El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha comunicado al licenciado Ángel Lockward la sentencia definitiva que obliga al gobierno a indemnizarle con más de RD$12 millones, como resultado de una astreinte impuesta por el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Esta medida responde a la negativa del Ministerio de Obras Públicas de entregar un plano de un área verde en Puerto Plata, en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
La controversia legal inició cuando el Ministerio de Obras Públicas rechazó la solicitud de Lockward para la entrega de información relacionada con los planes de desarrollo y planos correspondientes al área turística de Cofresí, Puerto Plata. La directora de la Oficina Central de Tramitación de Planos alegó que la información solicitada estaba protegida por derechos de autor y era confidencial.
Ante esta negativa, Lockward interpuso una acción de amparo que culminó en una sentencia del TSA el 21 de febrero de 2019, ordenando la entrega de la información requerida. Obras Públicas recurrió esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia, que confirmó la sentencia del TSA. Posteriormente, el caso llegó al Tribunal Constitucional, que ahora ha emitido una sentencia definitiva marcada con el número TC-0951-23.
El Tribunal Constitucional admitió el recurso de Obras Públicas en cuanto a la forma, pero confirmó la sentencia de la Suprema Corte en cuanto al fondo, ordenando la comunicación de la información y declarando el proceso libre de costas.
La sentencia también establece que, debido al incumplimiento continuo del Ministerio de Obras Públicas, se impuso una astreinte, lo que resultó en una multa acumulativa significativa. Esta medida fue ratificada por el Tribunal Superior Administrativo en marzo de 2021, tras un largo proceso de recursos judiciales interpuestos por Obras Públicas, los cuales fueron rechazados sucesivamente por instancias superiores.
Ángel Lockward, en su calidad de defensor del derecho a la información pública, ha manifestado su satisfacción por esta sentencia definitiva del Tribunal Constitucional, la cual reafirma la importancia del acceso transparente a la información gubernamental conforme a la legislación vigente.
