Santo Domingo. Con solo cinco semanas para que expire el proyecto de ley del referendo, aprobado en su primera discusión por la Cámara de Diputados, la actual legislatura congresual dominicana enfrenta un inminente cierre el próximo 26 de julio. Esta situación podría retrasar significativamente la implementación de un nuevo método de expresión para la sociedad dominicana sobre importantes reformas propuestas por el Gobierno de Luis Abinader.
Aunque los legisladores continúan debatiendo la aprobación de la pieza en la cámara baja, algunos consideran crucial la elaboración de un “Código de Democracia Directa”. El senador Félix Bautista de San Juan es el proponente de esta iniciativa, que busca establecer claramente los mecanismos para que los dominicanos puedan posicionarse sobre decisiones nacionales de gran impacto.
El proyecto contempla varios tipos de participación, incluyendo iniciativas legislativas populares, referendos aprobatorios constitucionales, referendos ordinarios y plebiscitos nacionales. A nivel local, se incluyen iniciativas normativas municipales, referendos locales, plebiscitos locales, presupuestos participativos y cabildos abiertos.
Además de estas formas directas de participación, el código propuesto también incluye instrumentos para el control ciudadano, como el acceso a la información pública, vistas públicas, derecho de petición, consultas populares, veedurías ciudadanas, comisiones de auditorías sociales, observatorios y rendición de cuentas.
Sin embargo, existen restricciones claras para estas herramientas democráticas. Por ejemplo, no se pueden proponer iniciativas colectivas para regular reformas constitucionales, normas tributarias, presupuestales, asuntos de defensa nacional, relaciones internacionales, estructura de poderes públicos, régimen monetario, organización territorial o régimen electoral.
El referendo, según se explica, es un procedimiento mediante el cual se somete al voto popular la ratificación de leyes o actos administrativos. Es considerado el mecanismo por excelencia de la democracia directa, potenciando la intervención directa del electorado.
El proyecto de ley busca avanzar en un banco de piezas legislativas pendientes desde la reforma constitucional de 2010, introducida durante la presidencia de Leonel Fernández. El Código Democrático, anteriormente conocido como “Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social”, ha enfrentado dificultades en el Congreso desde su depósito inicial en 2014.
